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Saturday, 23 September 2017
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El fallecimiento de uno de los líderes más respetados de la izquierda en Colombia, deja no solo una vacío en esa colectividad sino que significa el fin de un capítulo para el progresismo en el país.

 

                       

 

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





En las últimas décadas, la izquierda había aparecido fragmentada en buena medida, porque no ha habido una sola interpretación sobre la postura a asumir frente al gobierno en el tema de la paz, el acercamiento con otros sectores, o simplemente por enemistades que han surgido en el seno de algunas colectividades de esa filiación.

Gaviria le imprimió a la izquierda colombiana una vocación profundamente humanista, que terminó de confirmar la ruptura de la izquierda democrática con la armada alejada de esos principios, pues no existe ninguna forma más directa de contradecir el humanismo que poniendo al ser humano como instrumento. El desprecio por la vida que durante décadas y especialmente en los noventa comprobaron las guerrillas, solo demuestra la incompatibilidad entre lo expuesto por el ex magistrado Carlos Gaviria y la denominada combinación de las formas de lucha.

Ahora bien, el legado de Carlos Gaviria sobrepasa a la izquierda y se inscribe más bien en un ideario que reivindica una titularidad de derechos, que durante décadas millones de colombianos no han ejercido en parte por la precariedad del Estado, la crudeza del conflicto, y en buena medida valga reconocerlo, por una profunda convicción conservadora que ha impedido una inclusión catalogable como universal. Aunque gracias a la labor de Gaviria se avanzó en temas como la eutanasia y el aborto, es indudable que aún existen serias amenazas contra la promoción del pleno goce de derechos de algunas comunidades que siguen sufriendo la discriminación. Sobresale en este panorama la Procuraduría, enemiga de conquistas sociales de la Constitución de 1991, y de algunas sentencias de la Corte Constitucional.

A pesar de que la vigencia de las ideas de Carlos Gaviria parezca indiscutible, la Colombia de hoy atrapada en la polarización, parece desconocer los avances que se habían logrado. Recientemente y a propósito del debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, salieron a relucir posturas claramente discriminatorias que incluso se escudaban en la ciencia, para justificar lo que en el siglo XXI es inexcusable como considerar la homosexualidad como enfermedad. Se trata de una apología a la discriminación que no debe tener cabida en una Universidad encargada de formar jóvenes para que sean tolerantes, en una sociedad que durante décadas ha solucionado sus problemas con dogmas.

La muerte de Gaviria, trágica como todas, invita a la reflexión sobre la intolerancia como instrumento

político de la izquierda y de la derecha, y que sigue haciendo un profundo daño a generaciones que no

conocen ninguna posibilidad de convivencia.

 

       

 

 

 

 

 

La Junta Directiva del Banco de la República de Colombia se encuentra en una encrucijada bien compleja de dilucidar. 

 

 

 

  

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

La coyuntura por la que está atravesando la economía no es fácil de definir y por lo tanto no existe la claridad necesaria para la toma de decisiones correctas y apropiadas en materia económica.

De una parte es de público conocimiento que la economía colombiana fue tal vez la de mejor desempeño en toda América Latina a lo largo del año 2014, con excepción únicamente de la de Panamá, pero hay que reconocer que la situación económica de este último país es y ha sido totalmente atípica por razones históricas y geográficas que no es necesario traer a colación en este momento. La sola obra de ampliación del canal interoceánico es algo de gran impacto pero que solo se puede dar en este país.

Para Colombia, el resultado final del 2014 arroja un crecimiento real del PIB del 4.6%, que seguramente genera envidia a nivel del resto de los países de la región. Sin embargo, una historia es lo que ya ocurrió y otra historia es lo que está por venir. Al descomponer por trimestres el crecimiento total en el año, se observa una fuerte desaceleración en el tercer trimestre y especialmente en el cuarto período. De haberse sostenido la tendencia de la primera mitad del año, seguramente el crecimiento total hubiese estado por encima del cinco por ciento, tal como lo tenía previsto el gobierno en sus pronósticos iniciales.

La tremenda caída del precio internacional del petróleo y de otros productos mineros, de los cuales deriva su mayor impulso la economía colombiana, dio al traste con las expectativas favorables a comienzos de año. Sin embargo, lo más preocupante está en el hecho indiscutible que esas perspectivas son ahora mucho más negativas para el año de 2015, que acaba de comenzar. Mientras el gobierno nacional, según testimonios y declaraciones públicas del ministro de Hacienda se aferra casi más por orgullo que por convicción, a un crecimiento entre el 4.3% y el 4.5%, el mismísimo Banco Central ya se bajó de esa nube y sorprendió a la opinión pública en el mes de febrero cuando se atrevió a vaticinar un crecimiento de apenas del 3.6%, en el mejor de los casos.

Proviniendo esta perspectiva de fuente tan autorizada como el Banco Central, el efecto en cascada sobre otros actores que permanentemente están mirando y consultando la famosa “bolita de cristal” no se hizo esperar. Los más pesimistas, o como se suele decir los mejor informados, ya han salido a prever tasas de crecimiento por debajo del 3.0%, cifra absolutamente inaceptable para un país con tantas necesidades sociales por atender y satisfacer. En el marco de este nuevo escenario, el Banco de la República suspendió desde agosto la tendencia a subir su tasa de interés pues dejó de tener validez el principio según el cual, la economía había llegado al tope de su crecimiento natural sin generar presiones inflacionarias. Por el contrario, ya se escuchan voces autorizadas que claman y solicitan que el Banco revierta su postura y retome la senda de disminuciones en la tasa de interés con el fin de estimular el aparato productivo e impulsar el crecimiento.

El problema para tomar esta decisión es que la inflación, que en los últimos cinco años había estado totalmente bajo control llegando a ser el mayor logro de política económica, está mostrando síntomas inequívocos de recrudecimiento hasta llegar a colocarse por encima de la meta del 4.0% anual, establecida desde un principio por la autoridad monetaria.

Que la inflación se reavive un una coyuntura de crecimiento acelerado tiene cierta lógica y es ahí cuando un banco central debe poner freno a través de instrumentos de contracción monetaria (básicamente alzas en la tasa de interés). Pero que el resurgir de la inflación se dé en un entorno de desaceleración y es6tancamiento como el ya comentado en la segunda mitad del 2014, es algo hasta cierto punto paradójico y que deja a la autoridad monetaria en el peor de los mundos. Para reactivar la economía debería bajar la tasa de interés pero para apagar el hervor de la inflación, debería decidir lo contrario. Europa y Japón no han tenido problema alguno con aplicar política monetaria expansiva con inflaciones del cero por ciento, o incluso por debajo de cero.

En Colombia, por el contrario, se está dando una fuerte desaceleración pero con recrudecimiento de la inflación. Algo así como la antesala del peor de los escenarios definido en los textos de teoría económica como “estanflación”.

¿Por qué se está dando esta coyuntura tan poco deseable? Claramente la fuerte depreciación del peso colombiano, así como muchas otras monedas de la región, ha encarecido el costo de un gran número de productos de consumo provenientes del exterior, lo mismo que de gran cantidad de materias primas indispensables para los procesos productivos. Más temprano que tarde esto repercute en los precios de los bienes finales que conforman la canasta familiar.

Ante tanta ambigüedad e incertidumbre, los miembros de la Junta Directiva del Banco han optado  en sus últimas reuniones por la vía intermedia, o sea dejar las cosas quietas y no introducir cambios en ningún sentido. Esta actitud sin embargo, no es sostenible en el tiempo y muy pronto será inevitable tomar definiciones en uno u otro sentido.

 


 

La canciller colombiana ha salido a rechazar con particular vehemencia y acaloramiento las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen despótico de Nicolás Maduro.

 

 

 

 

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Vicente Torrijos

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia









 

 

El ardor de la Canciller resulta deconcertante e invita a reclamar tacto, prudencia y mesura, por varias razones.

Primero, porque el arrebatamiento no es buen acompañante de las funciones diplomáticas y, aunque estilos hay, unos son más eficaces que otros al momento de fortalecer ( u horadar ) los intereses nacionales.

Segundo, porque no se trata de un asunto que afecte a Colombia sino a una camarilla que se ha instalado en Miraflores para expropiar, perseguir, reprimir, encarcelar, oprimir, denostar, intimidar y solazarse. 

Pero, claro, cuando un gobierno se compenetra tanto con el absolutismo de la familia Castro, del Secretariado, de Diosdado y de Carondelet, llegando incluso a desarrollar negociaciones ( ¿ secretas ? ) con Ortega a despecho de la integridad territorial, tarde o temprano termina asimilando la conducta de tan execrables compañías.

Tercero, porque al salir en defensa de Maduro y su nomenclatura, la canciller se pone al servicio de una dictadura sin el menor rubor, alimentando así los apetitos de los socios del chavismo que, desde La Habana, acechan para asaltar la democracia colombiana valiéndose, precisamente, de la candidez que exhibe la Ministra, reflejo, en todo caso, del contagio que padece la Casa de Nariño.

Cuarto, porque lo peor que puede sucederle a un canciller es pensar con el deseo hasta el punto de sostener que “las sanciones de un país a otro no llevan a nada” cuando la historia diplomática está plagada de experiencias positivas contra el autoritarismo aunque, eso sí, las sanciones suelen fallar cuando los vecinos del redentor se ponen de su lado y lo arropan con su complicidad.

Y quinto, porque con cierto cinismo apela a la empalagosa semántica del "diálogo" directo entre Estados Unidos y Venezuela cuando, a juzgar por su propia conducta, lo que San Carlos entiende por diálogo no es más que dilación, encubrimiento y, sobre todo, legitimación de las prácticas totalitarias, todo ello a cambio de que antes de las elecciones de octubre los escuderos de las Farc le ayuden al Presidente a tener la firma de Timochenko en un papel. 


  

 

 

 

 

La inclusión de un grupo de militares activos para el equipo de negociaciones con las FARC, por parte del gobierno marca un nuevo rumbo en los diálogos.

                       

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





 

Con la decisión, el gobierno de Juan Manuel Santos comprueba, una vez más, que aunque el proceso de paz actual esté lleno de dificultades innegables y que incluso esa administración ha reconocido, se trata del gobierno colombiano que más ha avanzado en la historia de las negociaciones con esa guerrilla. 

La llegada de los altos oficiales, además, demostraría un avance en un tema clave en este proceso: la formalización definitiva del cese al fuego permanente por parte de la guerrilla, y el posterior desarme de la misma.  El gobierno no sólo gana en el tema porque avanza de manera concreta, sino porque convierte a los militares y policías en protagonistas del proceso. 

Es apenas justo que habiendo vivido la peor cara del conflicto, sean los militares actores de primera línea del tema. Esto probablemente para algunos ponga en tela de juicio la neutralidad de los militares respecto de la política. No obstante, es evidente que tal anhelo es imposible de concretar. Por más que se promulgue de esa forma, las Fuerzas Militares cumplen por su misma naturaleza una función política, pues defienden valores profundamente permeados por las ideologías.

A su vez,  el gobierno se adelanta a las críticas que sugerían divisiones en el seno de militares y policías. Otras versiones apuntaban a la falta de sintonía entre el pensamiento de la fuerza pública y la postura del General en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, escogido por el gobierno como negociador. Más allá de esos rumores y de que sean infundados o no, lo cierto es que se abre un nuevo capítulo para las Fuerzas Militares, pues empiezan a trabajar en un terreno para el que se han preparado en los últimos años: la paz, y cada vez menos para la guerra.  

Finalmente, no deja de ser interesante el reconocimiento mutuo cada vez más expreso, y menos tácito entre guerrilleros y militares como rivales, y no tanto como enemigos. Este nuevo panorama probablemente significará el mayor desafío para la doctrina de seguridad colombiana, y se traducirá en un cambio paulatino del pensamiento estratégico militar y policial. Por ahora, el camino empieza con la participación cada vez más influyente de los militares en la negociación.

       

 

 

 

“La empresa colombiana de petróleo (ECOPETROL) deberá incrementar este año la exploración de nuevos yacimientos; de lo contrario tendrá que importar crudo mucho antes de lo previsto inicialmente desde mediados de esta década. La relación de éxito el año pasado, en las labores de exploración, fue de apenas el cincuenta y cinco por ciento para la petrolera estatal y del veinticinco por ciento para las asociadas.”

 

 

 

  

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

Cualquiera que lea desprevenidamente este encabezado –debidamente entrecomillado- podrá pensar que es una seria advertencia sobre el futuro inmediato de la otrora joya de la corona y principal fuente de ingresos para el estado colombiano y tema de profunda reflexión para la baraja de candidatos propuestos para asumir, a la mayor brevedad posible, las riendas de la empresa.

La verdad es que el párrafo en cuestión está extractado de la edición de El Tiempo en su edición del sábado 14 del presente mes y corresponde a su vez, a la muy ilustrativa y pintoresca sección denominada “Hace 50 años”. Hecha la aclaración histórica, no está por demás hacer unos breves comentarios sobre la vigencia actual de esta vieja noticia. La abrupta caída de la acción en los mercados bursátiles (Bogotá y Nueva York), más que  a la estrepitosa caída del precio del barril,  obedece fundamentalmente a la misma perspectiva muy poco favorable que se reseñaba hace cincuenta años. El nivel actual de reservas probadas no va más allá de cuatro o cinco años. Un eventual retorno de los precios a US$100 dólares por barril poco o nada aliviaría las finanzas de ECOPETROL, dado que no hay mucho crudo por extraer y por consiguiente poco margen para atender la demanda externa al precio que sea. Es como tener progenitora pero ya fallecida.

Repitiendo la triste historia de hace diez lustros, el nivel reciente de éxito en materia de exploración ha sido muy bajo, a pesar de haber gozado de un período de bonanza en los precios y por consiguiente de unos excedentes de caja que han debido permitir resultados más que satisfactorios. Si la bonanza no permitió garantizar la sostenibilidad del negocio, ¿cómo se va a lograr este propósito, ahora en medio de la escasez y de las afugias? 

Alguien podrá argumentar que si ECOPETROL ya pasó por éstas y posteriormente disfrutó y gozó una transitoria pero importante bonanza, ¿para qué preocuparse? Respetuosos de la visión histórica del filósofo Maduro vigente en la región, exclamaríamos: “Dios proveerá y volverán las épocas de las vacas gordas”. Esperemos y confiemos más bien en que el candidato escogido por el “head hunter” para asumir la dirección de la empresa, sea plenamente consciente del tremendo reto que le espera y diseñe un plan estratégico que la convierta en una empresa verdaderamente eficiente y competitiva, además de impoluta e integérrima. 

Ahora bien, si el panorama  de la empresa más grande de la economía colombiana -cuya propiedad accionaria está repartida ochenta y nueve por ciento en poder del estado y once por ciento entre un número amplio de particulares- no es el más halagüeño posible, de características similares es la perspectiva para las finanzas públicas del  gobierno nacional.

Recordemos que hasta el año pasado y mientras duró la bonanza minera y especialmente la relacionada con la extracción y venta de petróleo y con precios internacionales por barril superiores a US$100, ECOPETROL transfirió al gobierno nacional a título de utilidades cada año una suma  muy cercana a los $10 billones (aprox US5.000 millones). Gracias a este apalancamiento el gobierno mantuvo una cierta holgura financiera en las disponibilidades de recursos para cumplir con los compromisos adquiridos a través de la ley de Gasto o Presupuesto Nacional y evitó tener que endeudarse más allá de lo que la ortodoxia recomienda.. La nueva realidad del negocio (precios internacionales cercanos a los US$50) golpea fuertemente  esta relativa abundancia y le genera al gobierno un serio problema para el cuadre de sus finanzas con respecto al actual 2015 pero especialmente para el 2016.

Fruto de esta situación ya se han producido dos efectos concretos: uno, el recorte de $6 billones en el presupuesto a ejecutar en el 2015 anunciado por el presidente Santos  -siendo el rubro más afectado la inversión pública- y la imperiosa necesidad de volver a diseñar una nueva reforma tributaria de carácter integral, que para infortunio de los contribuyentes se traducirá en nuevos impuestos o en incrementos en las tarifas de los ya existentes.

 


CONTRALOR GENERAL CRITICA PROYECTO DE REFORMA TRIBUTA

Tomado de El Siglo, 3 diciembre de 2003.

ADVERTENCIA
Contralor ?desnuda? reforma tributaria


Por Edulfo Peña
Vive dedicado a poner el dedo en la llaga. Es crítico. Pero, sobre todo, con la reforma tributaria. Es uno de los pioneros en la defensa de establecer el impuesto al patrimonio para financiar el déficit en las finanzas de la nación.
Y así como defiende el impuesto al patrimonio, es enemigo de aumentar las tarifas del IVA, como lo propone el Gobierno.
Advierte sobre el riesgo de que un IVA alto pueda golpear muy duro el consumo y el crecimiento de la economía. En cambio descarta que el gravamen al patrimonio ahuyente la inversión, como algunos estudiosos lo plantean.
Habla de ?repensar? los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y,aun cuando no sugiere una renegociación, sí llama la atención al Gobierno y
al mismo Fondo para se analice por qué no se han conseguido las metas sobre
déficit fiscal, crecimiento económico reducción de la deuda pública, desde el primer acuerdo reciente de 1999.
Está de acuerdo con la utilización de reservas para manejar la deuda, pero se pregunta: ¿Hasta de cuánto se puede disponer?

Cuidado con el IVA

EL NUEVO SIGLO:- ¿Cuáles son sus observaciones sobre la inconveniencia del IVA en la reforma tributaria?
ANTONIO HERNÁNDEZ GAMARRA:- El IVA constituye el grueso de la reforma tributaria que presentó el Gobierno. Prácticamente estamos frente a un aumento del IVA.
Este gravamen tiene un gran impacto sobre el consumo, indiscutiblemente. Pero, además, tiene impacto sobre la equidad. Y, si bien uno estaría de acuerdo en que pudiera haber una mayor unificación de tarifa para bienes no
incluidos dentro de la canasta familiar, hay que mirar las otras opciones
por el lado de los ingresos y hay que seguir mirando el tema del gasto público.

E.N.S.:- ¿De qué magnitud sería el impacto del IVA sobre el consumo?
A.H.G.:- Sin duda es muy duro. Pasarlo del 7% al 17% tendría un impacto negativo sobre la demanda agregada y sobre el crecimiento económico. A veces se dice que los otros impuestos tienen impacto sobre el crecimiento económico y pareciera que el IVA no lo tuviera, pero yo creo que sí.
La elevación de los impuestos indirectos en la última década, como proporción a los impuestos totales, ha tenido efectos sobre la baja que el consumo ha tenido en la demanda agregada.

E.N.S.:- ¿Sugiere la Contraloría que no ha existido una valoración clara del Gobierno sobre el impacto del IVA?
A.H.G.:- Hay que tratar de incrementar más las bases tributarias en general, en
materia de renta y en materia de IVA. Nosotros tenemos grandes sectores
totalmente excluidos de la base tributaria. En ese sentido, apoyo las conclusiones que había presentado la Contraloría desde hace año y medio,
cuando el doctor Aranguren (actual director de la DIAN) hizo el estudio
tributario.
Y las conclusiones de la Misión de Ingreso contratadas por el ministro Juan Manuel Santos, que apunta a simplificar la estructura tributaria, a evitar la concentración los tributos en los mismos individuos y a la eliminación de exenciones absolutamente innecesarias. Exenciones que estuvieron en la pasada reforma tributaria y en esta, especialmente en cuanto tiene que ver
con la reinversión de bienes de capital.

E.N.S.:- ¿Cuál cree que es la explicación para que el Gobierno privilegie los ingresos del IVA frente a otras fuentes?
A.H.G.:- Si se quisiera hacer un recaudo más fácil habría que pensar primero en el patrimonio. Porque el número de los grandes contribuyentes es muy pequeño.
Creo que es un problema de convencimiento de que este impuesto tiene menos efectos sobre la demanda agregada, que otros impuestos. Eso es lo que yo dudo. Esa es la gran discusión y es la gran diferencia.
Por lo demás, a mí me parece, como ha sido tradicional en las últimas 10 reformas tributarias, que el problema se centra en cuánto recaudar y no en cuáles son los impactos que esas reformas tendrán sobre otras variables macroeconómicas.

Entonces no hay discusión sobre el impacto macroeconómico. Y lo que es peor, no hay discusión sobre la equidad tanto horizontal (individuos iguales pagando igual) como en la vertical (individuos con distintos ingresos que puedan contribuir de manera distinta al financiamiento del Estado).

E.N.S:- ¿El criterio del Gobierno sobre el IVA rompe esa equidad?
A.H.G.:- Ese es un impuesto muy inequitativo desde el punto de vista del gravamen al consumo, porque grava por igual a quienes tienen alta capacidad de ingreso que a quienes tienen muy pocas.

E.N.S:- ¿Cuáles deberían ser las tarifas?
A.H.G.:- Del 16% al 17%, no. Sería una cosa aceptable que algunos bienes que están en el 7% se suban un poco más para tratar de tener una tarifa unificada, Pero aumentar la tarifa general es un error.

Mejor impuesto al patrimonio

E.N.S:- ¿Por qué es más aconsejable el impuesto al patrimonio?
A.H.G.:- Por razones de equidad. Tenemos unas rentas de capital demasiado exentas y el régimen tributario debe ir más hacia la tributación directa. Esa es la primera consideración.
Segundo: el impuesto al patrimonio es fácilmente reconocible y cobrable. Claro, podrían presentarse intentos de evasión a través de las deudas ficticias, lo que bajaría la base gravable. Pero, como estamos hablando de un número de contribuyentes tan poquitos, se puede hacer un seguimiento fácil.
Y tercero: porque considero que tiene menos impacto sobre la demanda agregada. La inversión depende más de la tasa de ganancia, de la seguridad jurídica y de las reglas del juego y no solo de los impuestos.
Entonces es cuestión de escoger. ¿Qué causa más impacto sobre la demanda? ¿El IVA o el impuesto al patrimonio?. Yo diría que el impuesto al IVA causa más impacto sobre la demanda.

Se dice que el impuesto al patrimonio podría provocar una fuga de capitales. Pero los capitales físicos, inmóviles, no se van del país por el tema de la tributación.

E.N.S:- ¿Y se resolverían también más fácil los ingresos de la Nación?
A.H.G.:- Claro. Cuando proponemos un impuesto del 4 por mil para patrimonios entre mil y tres mil millones de pesos; del 8 por mil entre 3 mil y 5 mil; y del 1.2% para superiores a 5 mil millones, hacemos cálculos de que la recolección podría ser casi de 2 billones de pesos. Que es muy superior a lo que se recogería por IVA.

Inclusive si se pusiera ese monto y se mantuvieran los otros cálculos del gobierno, se podría pensar en una leve reducción del IVA.

E.N.S:- ¿Aconseja usted ajustar patrimonio y reducir IVA?
A.H.G.:- Desde el punto de vista numérico el impuesto al patrimonio es muy eficiente. Y podría superar los objetivos presentados por el Gobierno.
Una cosa interesante de nuestra propuesta es: transitoriedad en patrimonio, mientras se desmontan gradualmente las rentas de capital. De manera que esa transitoriedad del patrimonio pueda compensarse con una eliminación de exenciones y beneficios a rentas de capital. Que son el grueso de las exenciones. De los 5.6 billones de exenciones, 4.6 son para rentas de capital.

E.N.S:- ¿Qué tan cierto es el riesgo de desestimular la inversión con el impuesto del patrimonio?
A.H.G.:- Yo insistiría en que la inversión, sobre todo en bienes de capital, inversión productiva, no depende únicamente de los impuestos. (También de ) seguridad ciudadana, seguridad legislativa, permanencia de las reglas del juego. Lo que uno ve es que si la inversión estuviera tan determinada por el impuesto, ¿cómo se explica que en el último año hayamos tenido florecimiento de la inversión, a pesar de estar vigente el impuesto a la seguridad ciudadana?
Si quienes critican el impuesto al patrimonio tuvieran la razón, el impuesto al patrimonio habría producido una caída en la inversión y una caída en el crecimiento de la economía. Ojalá este crecimiento se mantenga, hay que cuidarlo.

Impo-renta y exenciones

E.N.S:- ¿Cuáles son sus objeciones al impuesto a la renta?
A.H.G.:- En el proyecto del gobierno se propone la exención para las utilidades que se reinviertan. Y hay dos consideraciones: no hay cálculo de cuánto va a valer esa exención a la renta de capital. Por lo cual no se sabe cuál será su impacto fiscal. Algunos creen que esa situación podría hacer un hueco tan grande que se comiera buena parte de esta misma reforma.
Entre otras cosas porque ahí sí hay mucha contabilidad creativa difícil de controlar, que es seguirle la labor contable a las empresas que reinviertan sus utilidades.

Pero más allá del impacto fiscal, soy escéptico sobre el impacto que esos beneficios tienen sobre la inversión y sobre el empleo. Eso dependerá del sector específico en que esté localizada la industria que haría las reinversiones.
La simple reinversión de utilidades no asegura ni más crecimiento ni más empleo.

E.N.S:- ¿No ve muy bien las exenciones laborales?
A.H.G.:- Curiosamente en el proyecto del gobierno el grueso de las exenciones que se eliminan son las laborales, cuando ellas son solo el 20% de la totalidad. Entonces uno se pregunta: ¿Por qué eliminar las exenciones a las rentas laborales, cuando son las menos, y no se hace énfasis en las rentas de capital? Eso es inequitativo.

E.N.S:- ¿Hay que tocar también el gasto del Gobierno?
A.H.G.:- Nosotros tenemos un problema estructural en el gobierno central. En sus finanzas. El gobierno central se gasta un 6% del PIB más de lo que le ingresa. Parte de ese 6% se financia con recursos del resto del sector público. Eso es una tragedia. Ese sector público no puede desarrollar sus labores misionales, sino que tiene que financiar por encima de todo al gobierno central. Este es el primer problema estructural que hay que resolver.
¿Queremos tener un gobierno central grande, alimentado por el resto del sector público? ¿O sería más equilibrado y equitativo un resto de sector público que pudiera cumplir sus labores misionales?
Segundo: el problema del gobierno central no se va a resolver a punta de impuestos. Tenemos que hacer una reducción en el gasto del gobierno central. Y esa reducción pasa por una recomposición de la deuda externa para abaratarla, para hacerla más de largo plazo, para contar más con la cooperación de la comunidad internacional, en especial el BM y la CAF.Además, hay que recortar el gasto del gobierno central en otros menesteres.

Soy ferviente partidario de la descentralización, pero si no logramos que las regiones hagan un sacrificio, a la larga la inviabilidad del gobierno central puede hacer inviable el tema de la descentralización.

Reforma estructural, pero...

E.N.S:- ¿No hay voluntad de hacer una reforma estructural?
A.H.G.:- La necesidad de la reforma estructural es incuestionable. Trabajamos para incorporar en la reforma constitucional que se hundió, la flexibilidad en el gasto público. Por eso siento satisfacción que ciertos sectores del Congreso acojan esas ideas.

Lo que también siento es que en nombre de ese principio no se puede olvidar lo que pasaría, que sería muy malo, si no se aprueba la reforma al término de esta legislatura.

Porque desafortunadamente, en materia fiscal, entre el 31 de diciembre y el 1ª de enero no hay un día, sino un año de diferencia.
Para la reforma estructural se requieren reformas constitucionales y legales que hacen imposible tener esto listo para el 2004, cuando definitivamente hay un desfinanciamiento muy grande.

E.N.S:- ¿Considera urgente aprobar lo que hay en el Congreso en este momento?
A.H.G.:- Bueno, no lo que hay en el Congreso. A mi me gustaría que fuera más impuesto al patrimonio. No me gusta el impuesto a las transacciones financieras, porque golpea enormemente los sectores que tienen alta rotación de efectivo. Y en general, produce muchas distorsiones.

No cualquier cosa que salga del Congreso tiene que ser buena. Preferiría algo que privilegiara equidad, que minimizara el impacto sobre el crecimiento económico, pero se requiere algo ya.

E.N.S:- ¿Cuáles son los riesgos si no se aprueba la reforma este año?
A.H.G.:- Si no hay reforma, el mensaje sería malo. Primero, porque podría
interpretarse que no hay disposición del Congreso para enfrentar el
problema, lo cual no es cierto. Pero podría leerse de tal manera. Y en
segundo lugar, porque qué hacemos con el déficit no financiado del año que viene.

Esa eventualidad nos llevaría a una reducción del gasto, pero por mandato legal y constitucional, no podemos reducirlo. Necesitaríamos endeudamiento adicional por 3 billones de pesos, lo cual seguiría golpeando muy fuerte la deuda.

E.N.S:- ¿Y no se podría tapar ese hueco el próximo año, con recursos no provenientes de impuestos, por no ser estos retroactivos?
A.H.G.:- Financiar con bonos no es una idea afortunada, con el respeto de quienes lo proponen, que son muy conocedores. Porque bonos es endeudamiento. Es simplemente más déficit. Fuera de eso, crearía una distorsión muy grande. Distorsiona los balances de los contribuyentes.

E.N.S:- ¿Debe haber desde ahora el compromiso de los cambios estructurales?
A.H.G.:- Hay que hacerlo sin ninguna duda. Es urgente mirar las transferencias territoriales. Hay que mirar el tamaño de algunos gastos del gobierno central. Y mirar si el principio de que todo gasto que está en el presupuesto requiere ley. Yo pienso que sería mucho mejor, desde el punto de vista de la política económica, una norma constitucional que restringiera el gasto del gobierno a lo que son sus posibilidades.

Una norma que dijera: ese es el gasto que podemos hacer, ese es el gasto viable. Eso aseguraría que constitucionalmente pudiéramos garantizar que no haya una explosión de la deuda.
Si a esos recursos le quitamos los intereses, preferiría que el Congreso y Gobierno discutieran más abiertamente cuál es la prioridad con que se puede asignar ese gasto.

Que se dijera: cuánto para educación, cuánto salud, cuánto infraestructura.
No los proyectos pequeñitos. Esa flexibilidad del gasto público es lo que nos garantizaría que el gobierno no se desbordara en el gasto y que no se viera obligado a cumplir con casi 300 leyes que hablan del gasto, sin saber cuál es la prioridad frente a los recursos con que contamos.
Todas estas normas de carácter legal y constitucional son las que constituyen la reforma estructural, junto con el tema de la deuda pública.

Replantear transferencias

E.N.S:- ¿Hay que frenar definitivamente el crecimiento de las transferencias?
A.H.G.:- Poner unas reglas de transferencias que no tomen en cuenta la situación del gobierno central, no es justo. Por lo tanto, si las reglas de transferencias se basan en ingresos más un déficit fiscal razonable, menos el pago de los intereses, ese podría ser un mecanismo. Y decir qué porcentaje de ese ingreso disponible sano podría ser, yo estaría de acuerdo. Para garantizarle a las regiones que no habrá arbitrariedad. Y si eso les da menos crecimiento del que se tiene previsto, entonces lo que hay que hacer es incrementar la tributación local. Hay que estimular la tributación local, en especial el predial, para compensar lo que se pueda perder por el crecimiento previsto de las transferencias.

Pero, además, hay que hacer más eficaz el gasto de las transferencias. Hoy hay ineficacias muy grandes en materia de gasto en salud, donde hay muchos intermediarios sin sentido. Y en educación, hay que apoyar los esfuerzos en el sentido de que ese gasto sea también para mejorar la calidad de la educación.

E.N.S:- ¿La reforma pensional forma parte de ese ajuste estructural?
A.H.G.:- Sin duda. Yo creo que parte de los problemas fiscales es que las pensiones se nos crecieron enormemente. Y que vamos a entrar en problemas a medida que las reservas del Seguro Social sean insuficientes.
Hay que acabar con los regímenes especiales de pensiones, es inaplazable.
Acabarlos de tal manera que corresponda con la capacidad del ahorro de la gente.

E.N.S:- ¿Parte de la reestructuración también es la eficacia en el recaudo?
A.H.G.:- El debido cobrar, dicen algunos, vale en el papel 6.5 billones. Pero cuando se pregunta por la calidad de la DIAN para cobrar, baja a la mitad. Y cuando se ve lo que se recauda, vuelve a bajar. Parte del problema está en la ineficacia de la DIAN para cobrar las deudas. Incluso para registrarlas.

E.N.S:- Una hipótesis de la Contraloría es que aquí se piensa primero en pagar y luego en crecer económicamente. ¿Es eso muy equivocado?
A.H.G.:- Hacia el año 80 el país se endeudaba para financiar la infraestructura pública. Hoy día el país se endeuda para pagar deuda y déficit.
En la actualidad más del 75% del endeudamiento es para pagar deuda o pagar déficit. Es decir, para aumentar el gasto general del Gobierno. Y solamente el 25% está representado en infraestructura.
Colombia no se está endeudando para crear las condiciones de pagar la deuda. Sino para pagarla directamente. Eso obedeció a que al endeudarse con los agentes privados no se pregunta en qué va a gastar la plata.
Hay que volver a lo viejo. Es mucho mejor endeudarse con el BID o con el BM
para infraestructura, no como hoy cuando simplemente nos endeudamos para pagar bonos.

Repensar acuerdos con FMI

E.N.S:- ¿Hay que seguir tomando la fórmula del Fondo Monetario Internacional, cuando no se han cumplido las metas previstas desde 1999, en ningún sentido?
A.H.G.:- El acuerdo con el FMI tiene como propósitos estabilizar la deuda, generar crecimiento económico. Y como meta intermedia, que los mercados internacionales no salgan huyendo del país. Lo único que hemos conseguido es la meta intermedia. Las metas finales no las hemos conseguido.
Por eso insistimos en que los acuerdos con el FMI se repiensen. No necesariamente se reestructuren o se cambien, sino que el país y el mismo Fondo piensen, si la meta intermedia es el fin. Yo creo que no.

E.N.S:- ¿Qué sugiere con repensar?
A.H.G.:- No es suficiente enunciar unas metas de crecimiento con base en las cuáles se hacen las proyecciones fiscales. No es suficiente con tener unas políticas de tasa de interés o cambiarias que estén ahí, sino mirar cuál es el impacto sobre el crecimiento económico y el empleo.
Y tampoco es suficiente tener un déficit que ni siquiera se cumple, sino
mirar los impactos sobre la política cambiaria y la política fiscal.
En un país tan endeudado como Colombia, en caja se puede cumplir la meta de endeudamiento, pero cuando toma en cuenta la devaluación, la meta del
endeudamiento se va muy alto.

E.N.S.:- ¿Se debe pedir al Fondo revisar eso?
A.H.G.:- Las revisiones periódicas cada tres meses es el espacio, es el estadio para que estas cosas se discutan.

E.N.S.:- ¿Es partidario de la fórmula de tomar reservas para prepagar deuda?
A.H.G.:- Se puede. Creo que el asunto es resolver el cómo y el cuándo. El cuánto lo deben decir los estudios del Banco de la República. Este debe decirle al país por qué no hay un exceso de reservas como las que algunos sectores anotan.

Aun cuando no tengo estudios sobre el tema sobre la cantidad óptima de reservas, lo que sí puedo decir es que bajar de 10 mil millones de dólares a 5 mil millones de dólares, nos pueden producir un problema muy grande. Con todo el respeto de las personas que hacen esa propuesta. No sé cuanto se podría utilizar, pero sé cuánto no es.

 

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