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Thursday, 27 April 2017
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El fallecimiento de uno de los líderes más respetados de la izquierda en Colombia, deja no solo una vacío en esa colectividad sino que significa el fin de un capítulo para el progresismo en el país.

 

                       

 

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





En las últimas décadas, la izquierda había aparecido fragmentada en buena medida, porque no ha habido una sola interpretación sobre la postura a asumir frente al gobierno en el tema de la paz, el acercamiento con otros sectores, o simplemente por enemistades que han surgido en el seno de algunas colectividades de esa filiación.

Gaviria le imprimió a la izquierda colombiana una vocación profundamente humanista, que terminó de confirmar la ruptura de la izquierda democrática con la armada alejada de esos principios, pues no existe ninguna forma más directa de contradecir el humanismo que poniendo al ser humano como instrumento. El desprecio por la vida que durante décadas y especialmente en los noventa comprobaron las guerrillas, solo demuestra la incompatibilidad entre lo expuesto por el ex magistrado Carlos Gaviria y la denominada combinación de las formas de lucha.

Ahora bien, el legado de Carlos Gaviria sobrepasa a la izquierda y se inscribe más bien en un ideario que reivindica una titularidad de derechos, que durante décadas millones de colombianos no han ejercido en parte por la precariedad del Estado, la crudeza del conflicto, y en buena medida valga reconocerlo, por una profunda convicción conservadora que ha impedido una inclusión catalogable como universal. Aunque gracias a la labor de Gaviria se avanzó en temas como la eutanasia y el aborto, es indudable que aún existen serias amenazas contra la promoción del pleno goce de derechos de algunas comunidades que siguen sufriendo la discriminación. Sobresale en este panorama la Procuraduría, enemiga de conquistas sociales de la Constitución de 1991, y de algunas sentencias de la Corte Constitucional.

A pesar de que la vigencia de las ideas de Carlos Gaviria parezca indiscutible, la Colombia de hoy atrapada en la polarización, parece desconocer los avances que se habían logrado. Recientemente y a propósito del debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, salieron a relucir posturas claramente discriminatorias que incluso se escudaban en la ciencia, para justificar lo que en el siglo XXI es inexcusable como considerar la homosexualidad como enfermedad. Se trata de una apología a la discriminación que no debe tener cabida en una Universidad encargada de formar jóvenes para que sean tolerantes, en una sociedad que durante décadas ha solucionado sus problemas con dogmas.

La muerte de Gaviria, trágica como todas, invita a la reflexión sobre la intolerancia como instrumento

político de la izquierda y de la derecha, y que sigue haciendo un profundo daño a generaciones que no

conocen ninguna posibilidad de convivencia.

 

       

 

 

 

 

 

La Junta Directiva del Banco de la República de Colombia se encuentra en una encrucijada bien compleja de dilucidar. 

 

 

 

  

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

La coyuntura por la que está atravesando la economía no es fácil de definir y por lo tanto no existe la claridad necesaria para la toma de decisiones correctas y apropiadas en materia económica.

De una parte es de público conocimiento que la economía colombiana fue tal vez la de mejor desempeño en toda América Latina a lo largo del año 2014, con excepción únicamente de la de Panamá, pero hay que reconocer que la situación económica de este último país es y ha sido totalmente atípica por razones históricas y geográficas que no es necesario traer a colación en este momento. La sola obra de ampliación del canal interoceánico es algo de gran impacto pero que solo se puede dar en este país.

Para Colombia, el resultado final del 2014 arroja un crecimiento real del PIB del 4.6%, que seguramente genera envidia a nivel del resto de los países de la región. Sin embargo, una historia es lo que ya ocurrió y otra historia es lo que está por venir. Al descomponer por trimestres el crecimiento total en el año, se observa una fuerte desaceleración en el tercer trimestre y especialmente en el cuarto período. De haberse sostenido la tendencia de la primera mitad del año, seguramente el crecimiento total hubiese estado por encima del cinco por ciento, tal como lo tenía previsto el gobierno en sus pronósticos iniciales.

La tremenda caída del precio internacional del petróleo y de otros productos mineros, de los cuales deriva su mayor impulso la economía colombiana, dio al traste con las expectativas favorables a comienzos de año. Sin embargo, lo más preocupante está en el hecho indiscutible que esas perspectivas son ahora mucho más negativas para el año de 2015, que acaba de comenzar. Mientras el gobierno nacional, según testimonios y declaraciones públicas del ministro de Hacienda se aferra casi más por orgullo que por convicción, a un crecimiento entre el 4.3% y el 4.5%, el mismísimo Banco Central ya se bajó de esa nube y sorprendió a la opinión pública en el mes de febrero cuando se atrevió a vaticinar un crecimiento de apenas del 3.6%, en el mejor de los casos.

Proviniendo esta perspectiva de fuente tan autorizada como el Banco Central, el efecto en cascada sobre otros actores que permanentemente están mirando y consultando la famosa “bolita de cristal” no se hizo esperar. Los más pesimistas, o como se suele decir los mejor informados, ya han salido a prever tasas de crecimiento por debajo del 3.0%, cifra absolutamente inaceptable para un país con tantas necesidades sociales por atender y satisfacer. En el marco de este nuevo escenario, el Banco de la República suspendió desde agosto la tendencia a subir su tasa de interés pues dejó de tener validez el principio según el cual, la economía había llegado al tope de su crecimiento natural sin generar presiones inflacionarias. Por el contrario, ya se escuchan voces autorizadas que claman y solicitan que el Banco revierta su postura y retome la senda de disminuciones en la tasa de interés con el fin de estimular el aparato productivo e impulsar el crecimiento.

El problema para tomar esta decisión es que la inflación, que en los últimos cinco años había estado totalmente bajo control llegando a ser el mayor logro de política económica, está mostrando síntomas inequívocos de recrudecimiento hasta llegar a colocarse por encima de la meta del 4.0% anual, establecida desde un principio por la autoridad monetaria.

Que la inflación se reavive un una coyuntura de crecimiento acelerado tiene cierta lógica y es ahí cuando un banco central debe poner freno a través de instrumentos de contracción monetaria (básicamente alzas en la tasa de interés). Pero que el resurgir de la inflación se dé en un entorno de desaceleración y es6tancamiento como el ya comentado en la segunda mitad del 2014, es algo hasta cierto punto paradójico y que deja a la autoridad monetaria en el peor de los mundos. Para reactivar la economía debería bajar la tasa de interés pero para apagar el hervor de la inflación, debería decidir lo contrario. Europa y Japón no han tenido problema alguno con aplicar política monetaria expansiva con inflaciones del cero por ciento, o incluso por debajo de cero.

En Colombia, por el contrario, se está dando una fuerte desaceleración pero con recrudecimiento de la inflación. Algo así como la antesala del peor de los escenarios definido en los textos de teoría económica como “estanflación”.

¿Por qué se está dando esta coyuntura tan poco deseable? Claramente la fuerte depreciación del peso colombiano, así como muchas otras monedas de la región, ha encarecido el costo de un gran número de productos de consumo provenientes del exterior, lo mismo que de gran cantidad de materias primas indispensables para los procesos productivos. Más temprano que tarde esto repercute en los precios de los bienes finales que conforman la canasta familiar.

Ante tanta ambigüedad e incertidumbre, los miembros de la Junta Directiva del Banco han optado  en sus últimas reuniones por la vía intermedia, o sea dejar las cosas quietas y no introducir cambios en ningún sentido. Esta actitud sin embargo, no es sostenible en el tiempo y muy pronto será inevitable tomar definiciones en uno u otro sentido.

 


 

La canciller colombiana ha salido a rechazar con particular vehemencia y acaloramiento las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen despótico de Nicolás Maduro.

 

 

 

 

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Vicente Torrijos

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia









 

 

El ardor de la Canciller resulta deconcertante e invita a reclamar tacto, prudencia y mesura, por varias razones.

Primero, porque el arrebatamiento no es buen acompañante de las funciones diplomáticas y, aunque estilos hay, unos son más eficaces que otros al momento de fortalecer ( u horadar ) los intereses nacionales.

Segundo, porque no se trata de un asunto que afecte a Colombia sino a una camarilla que se ha instalado en Miraflores para expropiar, perseguir, reprimir, encarcelar, oprimir, denostar, intimidar y solazarse. 

Pero, claro, cuando un gobierno se compenetra tanto con el absolutismo de la familia Castro, del Secretariado, de Diosdado y de Carondelet, llegando incluso a desarrollar negociaciones ( ¿ secretas ? ) con Ortega a despecho de la integridad territorial, tarde o temprano termina asimilando la conducta de tan execrables compañías.

Tercero, porque al salir en defensa de Maduro y su nomenclatura, la canciller se pone al servicio de una dictadura sin el menor rubor, alimentando así los apetitos de los socios del chavismo que, desde La Habana, acechan para asaltar la democracia colombiana valiéndose, precisamente, de la candidez que exhibe la Ministra, reflejo, en todo caso, del contagio que padece la Casa de Nariño.

Cuarto, porque lo peor que puede sucederle a un canciller es pensar con el deseo hasta el punto de sostener que “las sanciones de un país a otro no llevan a nada” cuando la historia diplomática está plagada de experiencias positivas contra el autoritarismo aunque, eso sí, las sanciones suelen fallar cuando los vecinos del redentor se ponen de su lado y lo arropan con su complicidad.

Y quinto, porque con cierto cinismo apela a la empalagosa semántica del "diálogo" directo entre Estados Unidos y Venezuela cuando, a juzgar por su propia conducta, lo que San Carlos entiende por diálogo no es más que dilación, encubrimiento y, sobre todo, legitimación de las prácticas totalitarias, todo ello a cambio de que antes de las elecciones de octubre los escuderos de las Farc le ayuden al Presidente a tener la firma de Timochenko en un papel. 


  

 

 

 

 

La inclusión de un grupo de militares activos para el equipo de negociaciones con las FARC, por parte del gobierno marca un nuevo rumbo en los diálogos.

                       

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





 

Con la decisión, el gobierno de Juan Manuel Santos comprueba, una vez más, que aunque el proceso de paz actual esté lleno de dificultades innegables y que incluso esa administración ha reconocido, se trata del gobierno colombiano que más ha avanzado en la historia de las negociaciones con esa guerrilla. 

La llegada de los altos oficiales, además, demostraría un avance en un tema clave en este proceso: la formalización definitiva del cese al fuego permanente por parte de la guerrilla, y el posterior desarme de la misma.  El gobierno no sólo gana en el tema porque avanza de manera concreta, sino porque convierte a los militares y policías en protagonistas del proceso. 

Es apenas justo que habiendo vivido la peor cara del conflicto, sean los militares actores de primera línea del tema. Esto probablemente para algunos ponga en tela de juicio la neutralidad de los militares respecto de la política. No obstante, es evidente que tal anhelo es imposible de concretar. Por más que se promulgue de esa forma, las Fuerzas Militares cumplen por su misma naturaleza una función política, pues defienden valores profundamente permeados por las ideologías.

A su vez,  el gobierno se adelanta a las críticas que sugerían divisiones en el seno de militares y policías. Otras versiones apuntaban a la falta de sintonía entre el pensamiento de la fuerza pública y la postura del General en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, escogido por el gobierno como negociador. Más allá de esos rumores y de que sean infundados o no, lo cierto es que se abre un nuevo capítulo para las Fuerzas Militares, pues empiezan a trabajar en un terreno para el que se han preparado en los últimos años: la paz, y cada vez menos para la guerra.  

Finalmente, no deja de ser interesante el reconocimiento mutuo cada vez más expreso, y menos tácito entre guerrilleros y militares como rivales, y no tanto como enemigos. Este nuevo panorama probablemente significará el mayor desafío para la doctrina de seguridad colombiana, y se traducirá en un cambio paulatino del pensamiento estratégico militar y policial. Por ahora, el camino empieza con la participación cada vez más influyente de los militares en la negociación.

       

 

 

 

“La empresa colombiana de petróleo (ECOPETROL) deberá incrementar este año la exploración de nuevos yacimientos; de lo contrario tendrá que importar crudo mucho antes de lo previsto inicialmente desde mediados de esta década. La relación de éxito el año pasado, en las labores de exploración, fue de apenas el cincuenta y cinco por ciento para la petrolera estatal y del veinticinco por ciento para las asociadas.”

 

 

 

  

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

Cualquiera que lea desprevenidamente este encabezado –debidamente entrecomillado- podrá pensar que es una seria advertencia sobre el futuro inmediato de la otrora joya de la corona y principal fuente de ingresos para el estado colombiano y tema de profunda reflexión para la baraja de candidatos propuestos para asumir, a la mayor brevedad posible, las riendas de la empresa.

La verdad es que el párrafo en cuestión está extractado de la edición de El Tiempo en su edición del sábado 14 del presente mes y corresponde a su vez, a la muy ilustrativa y pintoresca sección denominada “Hace 50 años”. Hecha la aclaración histórica, no está por demás hacer unos breves comentarios sobre la vigencia actual de esta vieja noticia. La abrupta caída de la acción en los mercados bursátiles (Bogotá y Nueva York), más que  a la estrepitosa caída del precio del barril,  obedece fundamentalmente a la misma perspectiva muy poco favorable que se reseñaba hace cincuenta años. El nivel actual de reservas probadas no va más allá de cuatro o cinco años. Un eventual retorno de los precios a US$100 dólares por barril poco o nada aliviaría las finanzas de ECOPETROL, dado que no hay mucho crudo por extraer y por consiguiente poco margen para atender la demanda externa al precio que sea. Es como tener progenitora pero ya fallecida.

Repitiendo la triste historia de hace diez lustros, el nivel reciente de éxito en materia de exploración ha sido muy bajo, a pesar de haber gozado de un período de bonanza en los precios y por consiguiente de unos excedentes de caja que han debido permitir resultados más que satisfactorios. Si la bonanza no permitió garantizar la sostenibilidad del negocio, ¿cómo se va a lograr este propósito, ahora en medio de la escasez y de las afugias? 

Alguien podrá argumentar que si ECOPETROL ya pasó por éstas y posteriormente disfrutó y gozó una transitoria pero importante bonanza, ¿para qué preocuparse? Respetuosos de la visión histórica del filósofo Maduro vigente en la región, exclamaríamos: “Dios proveerá y volverán las épocas de las vacas gordas”. Esperemos y confiemos más bien en que el candidato escogido por el “head hunter” para asumir la dirección de la empresa, sea plenamente consciente del tremendo reto que le espera y diseñe un plan estratégico que la convierta en una empresa verdaderamente eficiente y competitiva, además de impoluta e integérrima. 

Ahora bien, si el panorama  de la empresa más grande de la economía colombiana -cuya propiedad accionaria está repartida ochenta y nueve por ciento en poder del estado y once por ciento entre un número amplio de particulares- no es el más halagüeño posible, de características similares es la perspectiva para las finanzas públicas del  gobierno nacional.

Recordemos que hasta el año pasado y mientras duró la bonanza minera y especialmente la relacionada con la extracción y venta de petróleo y con precios internacionales por barril superiores a US$100, ECOPETROL transfirió al gobierno nacional a título de utilidades cada año una suma  muy cercana a los $10 billones (aprox US5.000 millones). Gracias a este apalancamiento el gobierno mantuvo una cierta holgura financiera en las disponibilidades de recursos para cumplir con los compromisos adquiridos a través de la ley de Gasto o Presupuesto Nacional y evitó tener que endeudarse más allá de lo que la ortodoxia recomienda.. La nueva realidad del negocio (precios internacionales cercanos a los US$50) golpea fuertemente  esta relativa abundancia y le genera al gobierno un serio problema para el cuadre de sus finanzas con respecto al actual 2015 pero especialmente para el 2016.

Fruto de esta situación ya se han producido dos efectos concretos: uno, el recorte de $6 billones en el presupuesto a ejecutar en el 2015 anunciado por el presidente Santos  -siendo el rubro más afectado la inversión pública- y la imperiosa necesidad de volver a diseñar una nueva reforma tributaria de carácter integral, que para infortunio de los contribuyentes se traducirá en nuevos impuestos o en incrementos en las tarifas de los ya existentes.

 


ORIGEN DEL CONFLICTO. ANÁLISIS DEL ORIGEN Y CAUSAS,  PROCESO Y POSIBLES ESTRATEGIAS PARA SU SOLUCIÓN

Por Néstor-Hernando Parra, en Valencia, (España). Ex parlamentario de Colombia, actualmente se desempeña como director de Programas de CIDAN.

Para hablar de la Paz tenemos que hablar de la guerra, a la que los colombianos hemos preferido llamar ?la violencia?  y últimamente ?el conflicto bélico?, pues no aceptamos haber  estado envueltos en una guerra interna. Quizá porque  en ningún momento ha cubierto  todo el territorio nacional, ni comprometido mayoritariamente a su población, o porque se la hemos dejado genéricamente al gobierno y más específicamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como depositarias del monopolio de la fuerza legal, enfrentadas a las fuerzas irregulares, insurgentes o contrainsurgentes o a la delincuencia organizada que se mimetiza con ropajes diversos. En este juego macabro se nos ha ido más de medio siglo, tres generaciones, oportunidades sin fin. Lo grave es que aún no se divisan siquiera los primeros albores de soluciones viables. Parecería que los amigos de la paz estuviésemos derrotados y que a los propulsores de la guerra les asistiese la razón.

 

Curiosamente, esta situación de descomposición social, alteración permanente del orden público y de quiebra de la estabilidad política se viene dando en Colombia, uno de los países latinoamericanos que venía gozando del prestigio de ostentar una prolongada tradición democrática, obviamente formal. Baste recordar que dentro de este contexto, la Carta de 1886 tuvo vigencia hasta 1991, incluídas algunas importantes reformas como la del 36,  y que durante el siglo pasado sólo dos episodios, uno entre 1905 y 1909, y otro entre 1953 y 1957, interrumpieron esa trayectoria. Al momento de la expedición de la nueva Carta, era la segunda más antigua de Latinoamérica, después de la de Argentina, aunque allí sí con prolongados y dolorosos paréntesis.

 

Por tanto, era de esperarse que las insituciones democráticas se hubieran aclimatado, y florecido los pincipios de libertad, igualdad y frarternidad de la Revolución Liberal. Sin embargo, los derechos humanos fueron adoptados, pero no aplicados, ni se extendieron a través del tejido social, económico y político de la nación hacia el propósito de alcanzar la convivencia pacífica y civilizada. Bajo el Estado de Derecho, gradualmente descaecido hasta niveles mínimos, se han agudizado las injusticias sociales heredadas de la época colonial. Hoy las conquistas civilizadoras agonizan ante la arremetida de una de las guerras irregulares más bárbaras que América Latina haya conocido. Parecería confirmarse la sentencia de Voltaire de que ?la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.?

 

Simultáneamente, se conservan formas y ritos de estirpe democrática: elecciones periódicas para corporaciones legislativas, presidente, gobernadores y alcaldes y sus respectivas cámaras, rama judicial y órganos de control. Y se hacen ingentes esfuerzos por mantener vigentes libertades y derechos humanos, cada día más conculcados.

       

Estas y muchas contradicciones dialécticas más, que concurren en el proceso político colombiano, hacen difícil de entender a propios y extraños la profunda crisis colombiana de creciente ingobernabilidad por lo que es apreciable el interés de la comunidad internacional.

 

Breve referencia histórica  del proceso

 

Se dice que América Latina es un subcontinente caracterizado por la violencia. Así se aprecia en la literatura y en la historia. Colombia ostenta el más largo período de conflicto bélico interno en forma continua:

Violencia durante ?La Conquista? para hacerse con un pueblo, un territorio y sus riquezas, e imponer la cultura occidental sobre la   cultura aborigen en la que la guerra tenía un profundo sentido religioso.

Violencia en ?La Colonia? para cimentar el régimen expoliador y esclavista contra negros e indígenas por lo que su herencia conómica fue el latifundio esclavista, el resguardo indígena y el comercio monopolista con la metrópoli.

Violencia en ?La República? del siglo XIX para dirimir, en los campos de batalla,  conflictos de poder político y burocrático entre caciques y gamonales de las diferentes regiones del país en los que se comprometía al pueblo detrás de una bandera roja o una bandera azul como forma macabra de participación popular, supuestamente para construir nación, y definir el tipo de organización del Estado, central o descentralizado, o  la unidad o separación entre Iglesia y Estado. El balance social y económico de ese siglo de guerras  lo recuerda Marco Palacios: ?Latifundismo y poder quedaron fundidos en una sola pieza..El poder sería fuente de la riqueza y de la propiedad privada. Fuente también de la violencia política en el siglo XX?.

Violencia en el siglo XX, en cierta forma a manera de réplica de las guerras decimonónicas, surgida durante  la hegemonía conservadora para reprimir el derecho de las nacientes clases trabajadoras organizadas y al momento de los cambios de partido político en el gobierno: 1930 los liberales, para instaurar la hegemonía liberal, y en 1946 de nuevo los conservadores en su intento de imponer una dictadura. Estas confrontaciones aparecen desde los albores del siglo tintadas por el transvase ideológico europeo de reclamo socialista e igualitario, después enfrentadas al totalitarismo nazifascista que se pretendió imponer desde el gobierno conservador de los años cincuenta.

Violencia, como rebelión campesina insurgente pare recoger la experiencia guerrillera de los cincuenta y  con miras a desmontar el régimen capitalista y erigir un sistema político marxista-leninista o de corte chino maoista, aventura alimentada con el triunfo de la revolución cubana.

Violencia, más recientemente, a raíz del negocio de las mafias internacionales del narcotráfico, imbricado internamente en retorcida trenza con las fuerzas irregulares o la delincuencia organizada.

Violencia por mandato constitucional, aunque no siempre con respeto pleno de los derechos humanos, ejercida por las fuerzas del Estado, a través de todos estos procesos,  para defender el sistema y el orden establecido, los privilegios ?los viejos y los nuevos-, con su inherente modelo de desarrollo, del credo neoliberal o neoconservador, de economía expoliadora, globalización, privatización y apertura indiscriminada.

Como puede apreciarse, la violencia actual en Colombia, la que se concreta en el conflicto bélico que nos ocupa en estas Jornadas, destaca en el concierto latinoamericano por su persistencia, intensidad y complejidad.

Si se toma como punto de partida el 9 de abril de 1948 con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán, estaremos hablando de 55 años de continuidad, período durante el cual ha crecido el número de combatientes, la inspiración o procedencia de los grupos, el territorio afectado, el número de víctimas, la cantidad de desplazados, los recursos económicos aplicados o desperdiciados en razón de la guerra, en la que, particularmente durante los tres últimos decenios, han penetrado factores exógenos a la rebelión  social como el narcotráfico internacional, y se han extendido prácticas repudiables como la extorsión y el secuestro, utilizadas todas como fuentes estratégicas de su financiamiento.

Ante la imposibilidad de solución interna y la complejidad de factores concurrrentes,  el conflicto bélico se ha internacionalizado oficialmente con la intervención abierta de los Estados Unidos, bajo el escudo del Plan Colombia, y de naciones amigas, principalmente europeas, que se interesan más humanitaria que políticamente en el proceso.

Sociedad y Estado

La estructura social de Colombia, como la de los demás países latinoamericanos y del tercer mundo en general, se caracteriza por el imperio de la desigualdad y la pobreza con la agravante de que las distancias entre poderosos y pobres son inmensamente más grandes. Los modelos de desarrollo han resultado  incapaces de crear un estado moderno y una sociedad  en ascenso igualitario. En los últimos dos decenios, y de manera especial desde el Consenso de Washington, se ha impuesto el modelo neoliberal, recetado en forma  genérica a los países Iberoamericanos y del tercer mundo. Sus logros son bien conocidos: mayor concentración de la riqueza y del ingreso, en crecimiento insaciable, y mayor pauperismo de las clases trabajadoras, de las informales o de las implemente marginales. Al igual que en los demás países del área, la dependencia de la metrópoli se acentúa y la deuda externa alcanza niveles de angustiosa peligrosidad, ya padecidos por naciones hermanas con sus devastadoras consecuencias.

Se consolidan la desigualdad y la pobreza que generan ignorancia, insalubridad e inequidad. Es el fruto de dejar a la mano invisible del mercado la asignación de recursos para la solución de los problemas sociales y disminuir el tamaño y la órbita de las funciones del Estado. Además, las consiguientes privatizaciones de  empresas de servicios públicos domiciliarios, generación de energía electrica, explotación de petróleo y gas, bancos y seguros, sectores estratégicos en sociedades profundamente desiguales, han facilitado que las multinacionales de todas las latitudes se hayan apropiado del ahorro de los colombianos. Se reafirma así el modelo de economía periférica y dependiente, en el que se acrecientan las injusticias sociales como lo demuestran las estadísticas y los análisis hechos por las mismas entidades multilaterales con sede en Washington.

Durante todo este accidentado y largo proceso, el Estado ha perdido su papel de interventor y promotor de la igualdad de oportunidades, quedándose sólo con el disminuido papel de regulador comprometido de la economía, e impulsor y ejecutor, ciertamente ineficaz, de la represión como lo demuestra la extensión del conflicto, en el tiempo y en el espacio, y el grado de impunidad ?superior al noventa por ciento- con la consecuente extensión de la justicia por mano propia, por lo que aumenta el uso de armas en poder de los ciudadanos.

 El sistema político, en el que finalmente se ponen de acuerdo las clases dirigentes, es el de una simple democracia formal, en la que periódicamente los partidos políticos, ahora atomizados en pequeñas empresas electorales, locales o regionales, compiten por el acceso al poder legislativo, por el control del ejecutivo y el poder burócrático y presupuestal del sector publico.

Las instituciones, antes que consolidarse, se  encuentran en estado de licuefacción. Esto obliga a  recurrentes intentos de reformas constitucionales, por la vía especial del Congreso y ahora por la novedosa y aún no estrenada del referendum, así como a ajustes legales en busca de la esquiva gobernabilidad. En el entretanto, no ha sido posible construir una democracia de cooperación orientada por el principio de justicia distributiva, sino que la poca democracia que aún queda es de intensa confrontación, por lo que el ?establecimiento? no puede, no está en capacidad de actuar armónicamente. Se encuentra polarizado y en veces radicalizado, particularmente frente al conflicto bélico.

La corrupción - la del narcotráfico y la de los intereses particulares y  de grupo- carcome las conciencias de legisladores, gobernantes, administradores, militares, jueces y se ?democratiza?  ante el efecto de demostración que asimilan los gobernados para imitar su ejemplo o para menospreciar instituciones y desconocer autoridad a quienes deben ejercerla. Se difumina el concepto del interés general y priva el particular, de gremio o de grupo.

 Los derechos violados

La conjunción entre rebelión social, contrainsurgencia, delincuencia económica proveniente del narcotráfico internacional, delicuencia ?callejera?, situación geopolítica del país -orografía cómplice de guerras irregulares y cultivos escondidos-  el empleo de tácticas  terroristas y la aplicación de sistemas de represión violatorios de los derechos humanos es lo que hace del conflicto colombiano un caso único al cual no se le pueden aplicar, ni en el análisis ni en la solución, fórmulas genéricas o terapias similares de otros conflictos. Ni mucho menos diagnósticos simplistas o soluciones instantáneas o milagrosas. El fragor ilimitadamente irracional entre los combatientes (Estado, insurgencia, contrainsurgencia y delincuencia común organizada) ha conducido, en muchos casos, a que la barbarie gane la partida a la civilización. En ese momento se quiebran los principios fundamentales de las reglas universales compiladas en los Derechos Humanos y las normas básicas para la regulación de los conflictos bélicos, el Derecho Internacional Humanitario, bien llamado originalmente el Derecho de Gentes o el Derecho de los Inocentes, por cuanto tiende a proteger a los ciudadanos no alistados o comprometidos militarmente en el conflicto bélico: la población civil.

Un ejemplo alarmante de estas violaciones lo trae el médico e investigador  Fernando Salgado Quintero, en muy rcciente estudio socio-educativo ?El Conflicto Armado y la Misión Médica en Colombia? cuando afirma:

Precisamente, uno de los sectores sociales más comprometido con el orden social es el de la salud y en su diligencia de servicios, cuando se limita la acción médica, la de su personal y la de unidades de asistencia o transporte, violando el Derecho Internacional Humanitario, más cuando no se aplican o se omiten normas de conjunto de los tratados que recomiendan algunas estrategias o alternativas tendientes a  garantizar, en medio de la confrontación, la atención eficaz y oportuna, atentando también en esta forma contra esos derechos irrenunciables a la vida.

Concreta esta afirmación, citando estadísticas del Ministerio de Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja, durante los últimos dos años, en los que se registraron al menos 468 infracciones de la Misión Médica, así: 361 contra la vida y la integridad personal, 61 atentados contra la infraestructura, 11 a las acciones médicas, 51 actos de perfidia y 4 contra el secreto profesional.

Causas del conflicto

Académicos nacionales y extranjeros han investigado las posibles causas que han generado el grado de violencia continuada y diseminada que  la sociedad colombiana viene padeciendo en el último medio siglo. Las variables más frecuentemente estudiadas han sido la pobreza absoluta, la desigualdad, la exclusión política y la extensión de la denominada cultura de la violencia y de la intolerancia. El interés por investigar científicamente este tópico ha llevado a especializar a varios académicos, conocidos como los violentólogos. Podría decirse que este grupo se inicia con Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, todos vinculados a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la primera que se fundó en Latinoamérica. En agosto de 1962, publican el libro La Violencia en Colombia, como fruto parcial de las labores realizadas por la  ?Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia?  creada en 1958, de la cual hizo parte Monseñor Guzmán Campos junto con otros prominentes intelectuales. Allí destaca el concepto de Monseñor Guzmán cuando dice: ?la nación carece de la noción exacta de lo que fue la violencia; ni la ha sopesado en toda su brutalidad aberrante, ni tiene indicios de su efecto disolvente sobre las estructuras, ni de su etiologia, ni de su incidencia en la dinámica social, ni de su significado como fenómeno, y mucho menos de su trascendencia en la psicología del conglomerado campesino; ni de las tensiones que creó, ni de la crisis moral que presupone, ni del enjuiciamient que implica a los dirigentes de todo orden, ni del llamado que formula a una permanente, eficaz y serena meditación del problema que plantea.?

Si damos un salto de 25 años, nos encontramos que en 1987  la Comisión de Estudios sobre la Violencia, designada por el Ministerio de Gobierno, publicó ?Colombia: Violencia y Democracia?, que contiene el resultado de las indagaciones y análisis de sus diez integrantes. Allí se comienza por afirmar que ?más del 90%  de sus víctimas no han de considerarse de naturaleza política, en cuanto a que no provienen de la confrontación del Estado actual con grupos e individuos que buscan sustituirlo. Son, ensencialmente, las víctimas de una violencia originada en las desigualdades sociales, muchas veces en situaciones de pobreza absoluta, que se expresa en formas extremas de resolver conflictos que en otras circunstancias tomarían vías bien diferentes?. También deja registrado ?otro inquietante fenómeno: el desbordamiento de la violencia contra amnistiados, contra guerrilleros en proceso de negociación, contra los que han entrado en una fase de incorporación a la vida democrática y, en el último año especialmente, contra simples militantes politicos que dentro de los marcos institucionales luchan por la toma del poder o por el favor de las organizaciones de masas y que vienen siendo sometidos a una sistemática y selectiva campaña de exterminio.?. Esto en clara referencia a la persecución y exterminio de militantes de la ?Unión Patriótica?, movimiento de convergencia de grupos de izquierda y  brazo político del más antiguo grupo insurgente colombiano, antecedente nefasto que sembró de mayor desconfianza e incredulidad a los actores alzados en armas en las siguientes  aproximaciomes tendientes a reducir la intensidad del conflicto bélico. Este episodio  repite en cierta forma el comportamiento del virreynato neogranadino con los insurgentes comuneros que, después de oficializadas la Capitulaciones entre Juan Francisco Berbeo y Don Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo de la Catedral Metropolitana de Santafé, con Te Deum, a los pocos días todos los líderes fueron presos, descuartizados y sus cabezas exhibidas públicamente, dando así punto final a la primera gran rebelión popular, la de Los Comuneros.

Estas prácticas no han desaparecido. Aún se registran en el número de indígenas, dirigentes populares y sindicalistas asesinados y perseguidos por las fuerzas violentas de extrema derecha.

Un análisis más reciente  de la causas de la violencia (diciembre de 2002) lo presenta el politólogo Pedro Valenzuela en el último número de ?Reflexión Política?, revista del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Las estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas, correspondientes a 13 años, 1988-2000, muestran, confirmando los hallazgos de dos decenios atrás, que ?la abrumadora mayoría de los homicidios se produce por fuera del marco del conflicto armado?. De 298.906 homicidios en total, 15.446 se registraron en acciones bélicas, 2.440 desapariciones forzadas, 3.440 de personas marginadas ?la llamada limpieza social- y 24.648 homicidios políticos. Es decir, un 15% directamente atribuible al conflicto. De allí han surgido varias interpretaciones sobre la denominada ?violencia callejera?,  entre ellas la que establece relación de causalidad entre violencia y el  ?acelerado y caótico proceso de urbanización?. Sin embargo, el caso de Bogotá parece contradecir dicha hipótesis por cuanto  en una época aumentó más rápidamente que la población para luego reducir drásticamente. Similar conclusión saca el analista al observar la tasa de delitos violentos en capitales de departamento.

Valenzuela analiza el tema confrontando los que él denomina los mitos de la violencia: el que hace relación a cultura y violencia y el fundado en que la causa principal sería la alta dosis de intolerancia de los ciudadanos. También considera la relación entre  causas objetivas y violencia. Más delante, analiza la relación entre causas objetivas y rebelión haciendo un recorrido interesante sobre los diferentes aportes de la academia durante los últimos años al estudio de esta situación crítica de Colombia. Entre los diferentes estudios citados, bien vale la pena recordar algunos.

Pablo Fajnzylber y otros investigadores americanos aceptan que aunque  es difícil de interpretar la relación entre factores objetivos y violencia, ?estudios comparativos internacionales han demostrado que hay una relación de causalidad entre la desigualdad y la violencia?. Y, en cuanto al tópico de la  pobreza, estrechamente ligado al de desigualdad, en concepto de Valenzuela ?no es condición nesesaria de la violencia, porque esta puede ser producida por otras razones, tales como factores sicológicos, ambición, exlusión política, discriminación racial?  y porque ?No todas las comunidades o sociedades caracterizadas por la pobreza presentan altas tasas de violencia o por lo menos no todo el tiempo.?

Mauricio Rubio en su libro ?Violencia y Conflicto en los Noventa? antes que relacionar las causas objetivas con la violencia, afirma que ?a lo largo de los noventa el conflicto colombiano se desvinculó de las realidades económicas, sociales y políticas del país y adquirió su propia dinámica?.

 Paul Collier, también en el 2000, al dar importancia vital a las oportunidades, antes que a las causas,  dice que ?las guerras civiles ocurren cuando las organizaciones rebeldes son financieramente viables.? Esta línea de análisis la confirman  en estudios separados Rubio y otros científicos sociales tales  como Fernando Gaitán, Jesús Bejarano y Alfredo Sarmiento cuando dicen que es mayor la ?incidencia de la violencia en áreas de rápido crecimiento, distribución inequitativa de la riqueza y débil control estatal?                                   

Gaitán afirma, con evidencias ineqívocas, que las guerrillas hoy operan independientemente  de las características regionales, lo que significaría que ?la presencia guerrillera ya no está determinada exclusivamente por factores que fueron importantes en las fases de emergencia o consolidación financiera?.

El análisis  hecho por Valenzuela le lleva a concluir que la posible desvinculación de la guerra insurgente de la realidad del país ?debería evaluarse con base en las condiciones nacionales, en vez de aquellas que son específicas a las zonas de operación de los grupos armados? y que en cuanto a que los recursos a disposición de los insurgentes han hecho que el conflicto ya no sea un medio sino un fin en sí mismo,  también resulta  ?problemática la conlusión.?

De todo lo anterior podríamos resumir diciendo que la dinámica del conflicto armado en Colombia ha ido evolucionando, de rebelión social con un alto componente ideológico-político, hasta incorporar variables no imaginadas o previstas en su inicio, particularmente en cuanto a su extensión territorial, su capacidad bélica y su financiamiento, de manera especial en cuanto a sus fuentes, lo que ha convertido a las fuerzas guerrilleras en amenaza permanente a la estabilidad política de Colombia.

 En este rápido recorrido, por razones de tiempo y facilidad para el análisis global, hemos tratado como un todo a los diferentes grupos insurgentes, los de ayer y los que hoy subsisten. Sin  embargo, es preciso recordar que el grupo contrainsurgente, como su propio nombre lo indica,  y sus dirigentes lo proclaman, está alzado en armas para combatir la subversión y el comunismo. Sin necesidad de mucha argumentación es posible comprender que las guerrillas combatan a las denominadas autodefensas, al igual que a las fuerzas del Estado, y que se hayan articulado alianzas estratégicas  entre las dos, tal como organizaciones no gubernamentales y los mismos Estados Unidos lo han venido denunciando por violación de los derechos humanos,  por lo que la justicia colombiana ha abierto investigaciones que han culminado con  fallos condenatorios contra algunos militares comprometidos en masacres conjuntas con las  autodefensas o por omisiones delictivas.

Posibles estrategias de solución

Desde el everest del conflicto colombiano ?suponiendo que ya se ha tocado el techo de la confrontación- parecería que hay que comenzar el desescalonamiento.

Bien conocida es la afirmación de que el propósito de toda guerra es que haya unos ganadores  y unos perdedores. La prolongada confrontación bélica en Colombia, en la que en ciertos momentos algunos analistas, como Alfredo Rangel, han hablado de un empate técnico, podría llevarnos a concluir que hasta el momento no hay ganadores, sino que todos somos perdedores.

Hasta hoy se mantiene cada bando en su ley:

Mientras, tres generaciones de colombianos se empapan de sangre, odios y sed de venganzas y parece cimentarse la cultura de la violencia;

Mientras, más de un millón de compatriotas han muerto como víctimas de la violencia durante los últimos cinco decenios;

Mientras, más de dos millones de colombianos deambulan por su propio país desarraigados de sus parcelas;

Mientras, otros tantos, o más,  refuerzan la dispersa diáspora por el exterior;

Mientras, se destruye a la clase media integrada por profesionales y técnicos;

Mientras, se atenta contra nuestra población aborigen y su cultura y se profanan sus símbolos sagrados de la tierra;

Mientras, se persigue y se asesina a dirigentes populares y sindicalistas;

Mientras, proliferan los cultivos ilícitos y se mata la vida con fumigaciones para extirparlos;

Mientras, se importan más de siete millones de toneladas de alimentos porque los campos están despoblados;

Mientras, tres millones de colombianos no encuentran trabajo ni siquiera entre la informalidad;

Mientras, más del 40% de la población sobrevive en el nivel de pobreza extrema;

Mientras, la nación se endeuda y entrega su cuota de independencia y soberanía en busca de ayuda militar para ganar la guerra;

Mientras, el presupuesto de defensa dobla la  asignación prevista para los servicios de salud, tal como se prevé para el año entrante;

Mientras, se destruye la pobre infraestructura energética y vial; Mientras, se siembra el pánico con el secuestro y las desapariciones forzadas;

Mientras, se extienden por las ciudades y la geografía nacional las condenables prácticas terroristas en las que mueren víctimas inocentes;

Mientras, la población, los niños, los adolescentes, los adultos y los  mayores viven sometidos al miedo, que es el opuesto de la libertad.

De allí la importancia de estas Jornadas en las que a más de insistir en las denuncias de las violaciones ?que abundan por todos los costados y son bien conocidas internacionalmente gracias a la labor que desarrollan de tiempo atrás varias organizaciones no gubernamentales, principalmente españolas y europeas, así como las más de siete mil creadas en Colombia, y las informaciones de los medios nacionales e internacionales- se debe hacer énfasis en las vías posibles de transitar para crear un ambiente favorable en toda la sociedad y en el Estado  para que las partes comiencen la andadura del descenso de la cúspide de la barbarie y se desbroce el sendero del respeto a la civilidad.

 Como no puedo resistir a esta tentación, pido vuestra venia para atrverme a sugerir algunas vías que creo  podrían comenzarse a explorar hacia ese fin que a todos nos motiva.

 En una primera etapa hacia ese propósito de reducción del conflicto, no se entraría a resolver el origen, las supuestas causas o los fines de la confrontación, como hasta ahora se ha itentado en las diferentes oportunidades de negociación. Lo que  parece aconsejable es proponer la  adopción de un método, en una agenda de tema  único, para acordar una forma de lucha ?sobre el entendido de su continuidad- que la haga posible dentro del contexto de la civilización como patrimonio colectivo de los aportes que el hombre ha hecho a través de su paso por los caminos de la historia permitiendo el respeto de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Sólo en la medida en que este Primer Acuerdo tuviera éxito se podría dar cabida al estudio gradual de temas de una agenda múltiple que sí deberá tener en consideración aspectos relacionados con los fines perseguidos por las fuerzas alzadas en armas.

 Quizá el tema número uno de esa agenda debería ser la destorcida de la trenza entre narcotráfico y subversión, como en cierta forma se alcanzó a esbozar en el  proceso de paz abortado justamente hace un año. Hay que arrojar luz meridiana sobre los auténticos beneficiarios del negocio ilícito de los cultivos, procesamiento, transporte y comercialización de las drogas alucinógenas. En ese sinuoso meandro se mimetizan las mafias internacionales de los precursores químicos, de las armas en el mercado negro, de los transportes marítimo y aéreo y de los consumidores de los países con alto poder de compra que, desde la distancia, disfrutan de la macabra explotación de muchos de nuestros compatriotas, a quienes queda mínima participación económica. Lo ideal sería que la comunidad internacional adoptara la valerosa decisión de levantar la prohibición del consumo de tales estupefacientes, para que desapareciera el negocio altamente lucrativo que hoy  mueve muy cuantiosos  y oscuros capitales.

 

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